El caso para separar la regulación de la recaudación en México

Durante décadas hemos intentado combatir la corrupción con más fiscalización, más sanciones y más órganos de control. Todas son herramientas necesarias y urgentes ante los altos índices de corrupción. Sin embargo, seguimos dejando intactos muchos de los incentivos que hacen posible la corrupción cotidiana: aquella que enfrentan millones de ciudadanos y empresas cada vez que realizan un trámite, solicitan un permiso o reciben una inspección.

Uno de esos incentivos pasa casi inadvertido: haber convertido buena parte de la regulación gubernamental en un mecanismo de recaudación. Cuando el Estado obtiene ingresos mediante permisos, licencias, renovaciones, verificaciones y sanciones económicas, la regulación deja de existir únicamente para proteger derechos o reducir riesgos y comienza, también, a justificar su propia permanencia por los recursos que genera.

Utilizar la regulación como mecanismo de recaudación incentiva la sobre-regulación, incrementa la discrecionalidad administrativa y, con ello, crea condiciones propicias para la corrupción.

Regular y recaudar son funciones distintas. La regulación existe para proteger a las personas, conservar el medio ambiente, ordenar el territorio, garantizar la seguridad, promover la competencia y asegurar el interés público. La recaudación tiene otro propósito: obtener los recursos que el Estado necesita para financiar bienes y servicios públicos. Cuando ambas funciones se mezclan, el resultado suele ser un sistema más complejo, más costoso y con mayores espacios para la discrecionalidad.

La evidencia internacional confirma esta relación. El Banco Mundial ha documentado que simplificar permisos, licencias e inspecciones, digitalizar trámites y sustituir inspecciones rutinarias por esquemas basados en riesgo reduce las oportunidades de corrupción y mejora el clima de inversión. En México, las empresas realizan decenas de millones de trámites administrativos cada año y el costo del cumplimiento regulatorio se ha estimado en alrededor del 3.4 % del Producto Interno Bruto. Además, cerca del 30 % de las empresas reportan haber enfrentado actos de corrupción durante trámites o inspecciones gubernamentales. La corrupción no es únicamente un problema de personas; también es un problema de instituciones e incentivos.

Un ejemplo muy claro son las licencias de funcionamiento municipales. Nadie cuestiona la importancia de la protección civil, las verificaciones sanitarias o las normas ambientales. El problema aparece cuando los procedimientos dejan de diseñarse para garantizar esos objetivos y comienzan a privilegiar la renovación constante de permisos, el cumplimiento de requisitos redundantes o la generación de derechos y aprovechamientos. En ese contexto, es que los inspectores se convierten en verificadores de documentos y buscan cualquier excusa para multar o extorsionar y dejan de ser protectores de la seguridad de las personas.

Los horarios extraordinarios para la venta de bebidas alcohólicas ilustran bien esta lógica. La pregunta relevante no es cuánto recaudan los municipios por estos permisos, sino si el modelo realmente está regulando aquello que pretende proteger. Sí el sistema genera altos costos de cumplimiento, discrecionalidad y oportunidades de negociación informal, mientras sus objetivos regulatorios siguen sin alcanzarse, entonces es momento de replantear su diseño.

Este mismo principio debería extenderse al régimen de sanciones. Con demasiada frecuencia las multas económicas se convierten en una nueva oportunidad para la negociación ilegal entre autoridades y particulares. En muchos casos sería más efectivo privilegiar la reparación del daño sobre la recaudación. Quien realiza un desmonte ilegal debería restaurar el ecosistema afectado; quien construye una obra fuera de la normatividad debería corregirla o asumir el costo de devolverla a la legalidad.

Un ejemplo por excelencia son las multas por no respetar las alturas o densidades de los Planes de Desarrollo Urbano, se cobra la multa, generalmente de forma discresional facilitando extorsión. Este mecanismo de recaudación  no siempre se reflejen en la cuenta pública, por lo que el daño al ordenamiento sigue y el se afecta el erario público. Lo conducente debería ser la reparación del daño, es decir tirar la altura extra o la densidad no cumplida. El propósito de la regulación debe ser proteger el interés público, no maximizar los ingresos derivados del incumplimiento.

Separar la regulación de la recaudación no significa debilitar al Estado ni reducir su capacidad financiera. Todo lo contrario. Significa construir un sistema tributario transparente, simple y predecible, donde los gobiernos recauden porque necesitan financiar bienes públicos, y regulen únicamente cuando exista un derecho o un interés colectivo que proteger. Los ciudadanos entienden que el Estado necesita recursos para funcionar; lo que rechazan es un sistema que convierte cada interacción con la autoridad en un riesgo de corrupción.

Separar la regulación de la recaudación no es únicamente una medida anticorrupción. Es un principio de buen gobierno que permitiría reducir costos para ciudadanos y empresas, fortalecer la confianza en las instituciones y construir un Estado más simple, más eficiente y más justo, lo que desembocará en mayor competitividad y certeza para la inversión.

Necesitamos pasar de un Estado que obtiene ingresos complicando la vida de la ciudadanía, a uno que recauda con transparencia y regula con inteligencia. Un Estado que financia el bienestar mediante un sistema tributario moderno y protege a la sociedad mediante regulaciones simples, útiles y efectivas. Porque un buen gobierno no se define únicamente por la honestidad de quienes lo integran, sino por la calidad de las instituciones que construye.

Cynthia Dehesa

Directora de Ciudadan@s por la Transparencia